Antes de nada nos pondremos en situación. En 1999, durante los últimos años del Pujolismo, CiU decidió privatizar las TIC de la Generalitat, entre las que se encontraba el Centre Informàtic de la Generalitat de Catalunya, SA (CIGESA). Dicha privatización fue firmada por el que era Conseller del Departament de Presidència, Xaver Trias i Vidal de LLobateras y salió a concurso por 1.500 millones de pesetas (9 millones de euros) menos de su valor.
Antes
de conocerse la empresa adjudicataria, el Comité de Empresa de CIGESA emitió un comunicado denunciando que la oferta de Debis podría tener las
preferencias del Gobierno de la Generalitat por supuestas vinculaciones con un
antiguo cargo de la EAJA y -posiblemente- algún familiar del presidente Pujol".
Así fue, pese a que Indra realizó una oferta superior, CiU se la adjudicó a la alemana Debis, que
posteriormente fue adquirida por Deutsche Telekom y la integró en T-systems.
En el Consejo Asesor de T-Systems
estaba CarlesVilarrubí, exDirector General de la Entitat Autònoma de Jocs i Apostes
(EAJA), empresario convergente muy próximo a Jordi Pujol y amigo de su hijo mayor. ¡El Comité de
CIGESA dio en el clavo! Por otro lado, Vilarrubí se ha visto obligado a
comparecer ante la Audiencia Nacional por el “caso Pujol”
y ante la Comisión de la investigación del fraude del Parlament de Catalunya.
Para la
privatización de las telecomunicaciones, la adjudicataria fue asesorada por Europraxis, participada por Jordi Pujol Ferrusola. Las bases
de este concurso fueron redactados por Doxa Consulting, participada por Carles
Vilarruví.
Partimos
de una privatización donde fueron constantes las prácticas mafiosas que Il
Padrino Jordi Pujol dejó como legado, para pasar a 8 años de Tripartit donde el
derroche de dinero público y la precariedad laboral continuaron siendo las
Reinas de la fiesta. Ahora, con CiU en el poder, el cuento se vuelve a repetir.
Tras el
cambio del modelo de subcontratación que se está llevando a cabo desde Enero de 2013, el
CTTI unificó las TIC de la Generalitat en 4 grandes contratos (3 informáticos y
1 de telecomunicaciones). Bien, ya que las telecomunicaciones tienen poca
competencia, hablaremos de los 3 contratos informáticos (CCPP/CTTI/2011/1, CCPP/CTTI/2011/2 y
CCPP/CTTI/2011/3). De los 21 lotes que conforman estos 3 contratos, 17 de ellos
han sido adjudicados a empresas que están siendo o han sido investigadas por
casos relacionados con la corrupción, es decir, casi el 81% de los contratos:
- Telefonica: Están imputados 4 responsables de Telefónica y 3 directivos del CTTI por amañar concursos.
- T-Systems: No solo se preveía que iba a ser la adjudicataria por sus contactos, sino que las irregularidades fueron continuas. Carlos Villarejo, exjefe de la Fiscalía Anticorrupción lo tenía muy claro: “Debería investigarse si había algún tipo de relación entre los accionistas y administradores de T-Systems y responsables de CiU, así como si los desvíos presupuestarios habían beneficiado a alguien en particular”. Villarejo, en su ponencia “Transparència i corrupció a Catalunya”, sentencia que “el caso T-systems es el más grave que contiene el informe”. El trato de favor y aumento de facturación (pasando de 30 millones de euros a más de 100) sin salir a concurso fueron una constante, esto fue criticado por la oposición y denunciado por la Sindicatura de Comptes. Inexplicablemente, no tuvo repercusiones penales.
- VASS:
Empresa cuya apoderada es María Eugenia Menéndez Rakosnik, sobrina de Artur Mas. Está siendo investigada por el Sepblac en la operación Mana. Para colmo, Vass fue adjudicataria de la web de transparencia de la Generalitat.
- Indra: Ya que no pudo hacerse con CIGESA, en 2001 compró Europraxis por 44,6 millones de euros. Europraxis era una empresa participada por Josep Pujol Ferrusola. Ese mismo año se dieron a conocer contratos millonarios con Indra, incluido el proyecto GAUDI que pese a costar 25 millones de euros no se finalizó. Másde 450 ayuntamientos ocultaron a la Sindicatura de Comptes si habían firmado contratos con Europraxis-Indra e incluso llegaron a destruirse documentos. Esto también lo denunciamos ante la Oficina Antifrau en 2011, ignornándonos completamente. Hace un año fue denunciado por Guanyem y Podemos ante la Audiencia Nacional y está siendo investigado por la UDEF. Indra también ha sido salpicada por la trama Púnica y el pago a jueces de Madrid.
- Aventia: Aventia adquirió en 2009 Doxa Consulting, participada por Carles Vilarrubí. Pese a conseguir múltiples contratos con la Generalitat (la mayoría de ellos con Seidor) a medidas de 2013 se declaró en concurso de acreedores presentando a la vez una oferta de compra por parte de Seidor. Finalmente no le salió bien la jugada, ya que el Juez se la adjudicó a Ricoh. Importante destacar que fue una de las empresas encargadas de gestionar el cambio de modelo de subcontratación informática.
- Seidor: Empresa cuyo administrador es/era el convergente Santiago Benito Martínez, que llegó a ser teniente de alcalde de Vic (donde Seidor tiene su domicilio) y consejero comarcal de Osona. Tras fichar a Joan Antoni Rakosnik, cuñado de Artur Mas, su facturación con la Generalitat creció exponencialmente, tal y como publicamos en nuestro blog y denunciamos ante la Oficina Antifrau. Seidor está siendo investigada por el Sepblac en la operación Mana.
- Emte Sistemes: Emte es propiedad de la familia Sumarroca, co-fundadores de Convergència Democràtica de Catalunya. Emte y la familia Sumarroca tienen múltiples causas abiertas.
De los
4 lotes de servicios informáticos que se salvan, uno de ellos ha sido
adjudicado a la UTE TICxCAT, donde participa Cast Info, condenada en firme por
tráfico ilegal de mano de obra y vulneración de derechos fundamentales. Ya solo
quedan 3 (Lotes A8, A11 y CPD3).
Nuestra sentencia demuestra que la contratación directa
supondría un considerable ahorro de dinero público, pero CiU cambia el modelo
de subcontratación para que nada cambie, el mismo despilfarro pero añadiendo nuevos estomagos agradecidos a la lista. Para eso privatizan, por eso
subcontratan, ¡¡¡para seguir metiendo la pezuña en la caja!!!.
¡Fuera subcontratas de la Generalitat!