Con la sentencia firme, los trabajadores decidieron iniciar el procedimiento de inhabilitación de las tres empresas para que no se enriquecieran con dinero público al menos durante unos años, ya que la Ley de Contratos del Sector Público (art 60.1.b) prohíbe contratar con el sector público a las empresas sancionadas con carácter firme por infracción muy grave en materia laboral de acuerdo con lo dispuesto en la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (LISOS).
Los trabajadores solicitaron la reapertura de dos expedientes de 2011 en Inspección de Trabajo donde los inspectores habían iniciado actuaciones y archivado provisionalmente hasta que hubiera resolución judicial firme. Un tercer inspector fue el encargado de abrir nuevas diligencias, tomando como antecedentes las resoluciones de sus dos compañeros, y declarando la prohibición de contratar con el sector público durante tres años a IECISA, Serikat y Cast Info.
Las empresas presentaron alegaciones ante Inspección de Trabajo solicitando la prescripción de las sanciones, si bien el inspector consideró que las dos resoluciones de sus compañeros se habían archivado hasta resolución judicial firme por lo que no podía quedar prescrita la sanción, ya que en ese periodo no corre el tiempo.
IECISA puso a trabajar a su equipo legal (y seguramente a su red de contactos) para dejar sin efecto la denuncia de los trabajadores, apelando la sanción ante el Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya (en manos de ERC, ya que fue antes de la aplicación del famoso art. 155), como era de esperar y contra toda lógica legal, la Generalitat dio por prescrita la sanción y archivó el expediente.
No sirvieron de nada las alegaciones de los trabajadores, ni que cuatro informes de tres Inspectores de Trabajo diferentes consideran que la normativa impide la prescripción ya que los expedientes se encontraban archivados provisionalmente hasta resolución judicial, ni la reciente jurisprudencia del Tribunal Supremo en hechos similares. No sirvió de nada, la decisión estaba tomada: proteger a estos parásitos cueste lo que cueste. Queremos pensar que los cientos de millones de euros de pérdidas en el caso de IECISA, incluso su más que posible cierre según sus propias alegaciones, no han supuesto llamadas en las más altas instancias demostrando una vez más la connivencia entre la mafia empresarial y política.
Finalmente, los trabajadores se han visto obligados a denunciar al Departament de Treball y a las tres empresas ante los Juzgados de lo Social, por lo que a finales de año se decidirá si pueden seguir saqueando las arcas públicas o no. Queremos hacer hincapié como la Generalitat, con el dinero de todos, va a acudir al juicio a defender los intereses de IECISA y sus secuaces.
Cabe recordar que El Corte Inglés ha estado dirigido hasta hace poco por un falangista, Dimas Gimeno, y que Viajes El Corte Inglés fue una de las agencias encargadas de planificar el viaje de los sádicos policías que se hartaron a dar hostias el 1-O. Por lo que se demuestra que a la chusma política, PDeCAT y ERC, se les llena la boca criticando el fascismo mientras defienden sus intereses económicos a capa y espada.
Por último, y demostrando el poder y la impunidad de Informática El Corte Inglés, es necesario recordar que ya debería haber sido inhabilitada hace años tanto por infracciones muy graves en materia laboral como por incumplimiento de la Ley de Subvenciones:
- Cesión ilegal de trabajadores (TSJ de Galicia): Sentencia
- Impago y retrasos reiterados en el pago del salario debido (TSJ Castilla la Mancha): Sentencia
- Incumplimiento de la ley de subvenciones (Audiencia Nacional): Sentencia. Fue condenada a devolver 418.065,30 € por cruzarse facturas con El Corte Inglés para aparentar un gasto inexistente.
Ya que la Administración actúa como verdadero compinche de las mafias patronales y NUNCA ha inhabilitado a una empresa de este tamaño, los compañeros tienen decidido llegar hasta donde sea necesario para lograr su objetivo: crear la jurisprudencia necesaria para facilitar este trámite al resto de trabajadores. Es por ello que, posiblemente durante 2019, se abra una campaña de crowdfunding para sufragar parte de los gastos judiciales.
